REFORMA PREVISIONAL

Con el texto del anteproyecto de la reforma previsional presentado en sociedad la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou, todo el sistema político comenzó ahora un proceso de estudio y análisis.

El objetivo del gobierno es hacer los máximos esfuerzos para que la iniciativa, que viene a atender una necesidad que nadie cuestiona, sea aprobada con el mayor de los consensos posibles, bajo el entendido de que se trata de una política de Estado. Y eso implica contar con los votos de la oposición y el apoyo del bloque de izquierda, lo cual no será una tarea fácil.

Con esa meta en mente, Lacalle visitó el viernes la sede del Frente Amplio (FA), en donde fue recibido por el titular de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, quien recibió de sus manos la iniciativa. Luego, en conferencia de prensa, el dirigente dijo que el texto iba a estudiarse en detalle, pero que había algunas condiciones sine qua non para que la oposición acompañe, como por ejemplo que quienes se jubilen por la caja militar lo hagan con las mismas condiciones que el resto.

La Mesa Política del principal partido de la oposición comenzará hoy a analizar el tema, y lo hará sin ir “a la velocidad de Twitter”, como ha insistido Pereira.

Sin embargo, en forma individual, algunos integrantes del FA ya tienen alguna opinión al respecto. Es el caso del diputado del Movimiento de Participación Popular Daniel Caggiani, quien cuestionó “la demora” del gobierno en presentar el texto, pasando ya la mitad de su mandato.

“Uno de los problemas que tiene el presidente es que este es un proyecto más de él que de la coalición, lo cual significa cierta debilidad”, dijo a El País el legislador, en línea con otra de las declaraciones de Pereira, quien luego de la reunión con Lacalle se había preguntado, precisamente, si esta era una iniciativa “del presidente o de todo el gobierno”. Porque lo que suponen en la oposición es que el oficialismo tendrá un largo camino antes de dirimir las diferencias internas que surgirán en torno a la propuesta, por lo que la posición del FA se fijará recién cuando la coalición tenga su postura definida, tal como adelantó el propio Pereira en entrevista con El País este domingo.

Pero Caggiani dio un paso más, y se refirió a la promesa de campaña que Lacalle hizo en 2019 referida a quiénes serían los alcanzados por los cambios de esta reforma. “Es algo que preocupa -dijo el diputado-, porque el presidente había dicho en la campaña que no serían afectados los que estaban trabajando y ya tenían derechos adquiridos, pero ahora se genera un régimen de transición mucho más importante”. Ese régimen alcanza a los nacidos entre 1967 y 1971: los primeros se jubilarán a los 61 años, y los últimos será la primera generación en hacerlo con 65.

El Pit-Cnt, mientras tanto, dará a conocer sus primeras críticas hoy de mañana en una conferencia de prensa.

No obstante, también hay algunas pistas.

Martín Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo de la central sindical -y referente de los funcionarios estatales y los trabajadores de la salud- aseguró que, a priori, ya hay dos cuestionamientos claros.

El primero tiene que ver con el eje mismo de la reforma: el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años. “El incremento de la edad jubilatoria, por más que se implemente en forma gradual, es algo que va a quedar instalado en todo el sistema”, afirmó.

La segunda crítica alude a las áreas de trabajadores que quedan excluidas de esta reforma, y que según el texto del gobierno son solamente dos: la de la construcción y la de los trabajadores rurales. “Los trabajadores de la salud no están excluidos y eso es un problema que desde la Federación de Funcionarios de la Salud Pública vamos a poner arriba de la mesa”, advirtió el dirigente sindical.