ARGENTINA

Un tribunal argentino inició este lunes la etapa de alegatos de la causa en la que se juzga a, entre otros,la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, acusada de integrar durante sus años como presidenta (2007-2015) una asociación ilícita destinada presuntamente a favorecer con contratos de obra pública al constructor Lázaro Báez.

Según confirmaron a Efe fuentes del entorno de la exmandataria, la líder del kirchnerismo está presente en la audiencia virtual, que se celebra por videoconferencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Buenos Aires, aunque no está previsto que tome la palabra.

El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2019, pocos días después de que Cristina Fernández anunciara su alianza con Alberto Fernández para las elecciones de octubre de ese año que acabaron ganando, entra así en su recta final y se prevé que haya veredicto antes de que termine 2022.

El 20 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó varios recursos que había presentado la defensa de la vicepresidenta -y de otros imputados-, que buscaban anular el juicio, que es el primero y por el momento el único ya en marcha de las causas en las que está procesada por presuntos actos de corrupción durante su mandato.

Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública.

En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.

En la causa también están acusados el propio Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, entre otros exfuncionarios.

Al sentarse por primera vez en el banquillo, ocho días antes de asumir como vicepresidenta, el 2 de diciembre de 2019, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) reiteró, como ha venido haciendo con el resto de acusaciones en su contra, que el proceso respondía a una persecución judicial o "lawfare" ideada por el Gobierno saliente de Mauricio Macri (2015-2019).