MOVILIZACIÓN

Apenas una semana en el gobierno, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tuvo que decretar ayer miércoles el estado de emergencia nacional por 30 días y fijar una nueva fecha para adelantar las elecciones: ahora para diciembre de 2023 en lugar de abril de 2024.

El estado de emergencia implica la suspensión de los derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de queda.

“Se ha acordado declarar en estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos”, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en referencia a las violentas protestas que estallaron el miércoles 7 cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de su fallido golpe de Estado, y designó en su lugar a la vicepresidenta Boluarte.

Las protestas y tomas de aeropuertos y carreteras han dejado un saldo de al menos ocho muertos y unos 200 heridos en una semana, según la Defensoría del Pueblo.

Al asumir, Boluarte aseguró que gobernaría hasta el fin del mandato de Castillo en julio de 2026, como prevé la Constitución. Pero una ola de manifestaciones que exigen la liberación del exmandatario y elecciones inmediatas la llevaron a proponer un adelanto de los comicios primero a abril de 2024 y ahora a diciembre de 2023. El Congreso se reunirá en pleno hoy jueves para debatir la propuesta.

Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, es acusado de rebelión y conspiración por la Fiscalía, que busca mantenerlo en prisión preventiva de 18 meses.

El juez Juan Checkley reprogramó una audiencia para hoy jueves tras aceptar los alegatos de la defensa, que se queja de no haber recibido todos los documentos de la causa.

El magistrado indicó que Castillo seguirá detenido otras 48 horas.

“¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coartar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la @CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia”, tuiteó.

“Hago responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país. Millones de gracias a mis compatriotas por su cariño y apoyo. Solo el pueblo salva al pueblo”, agregó.

Otro tribunal rechazó el martes una apelación de Castillo para recuperar su libertad al considerar que existe riesgo de fuga, pues el expresidente intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo luego de haber sido destituido por el Congreso.

Castillo permanece detenido en un cuartel policial en Lima frente al cual se agolpan un centenar de sus simpatizantes desde hace varios días.

La fiscalía de Perú también investiga desde hace meses a Castillo por liderar una “organización criminal” que beneficiaba a allegados y familiares.

Numerosas carreteras permanecían ayer miércoles bloqueadas en 14 de las 24 regiones del país, según la policía.

En Cusco, la policía dispersó el miércoles con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes cerca de la terminal aérea, que sigue cerrada. Centenares de pasajeros quedaron varados.

En el pueblo de Machu Picchu, vecino a la famosa ciudadela inca, unos 780 turistas de diferentes nacionalidades se encuentran también varados por la suspensión del servicio de trenes desde hace dos días.

En Arequipa, segunda ciudad del país, los militares custodiaban locales públicos y el aeropuerto internacional -que los manifestantes intentaron tomar el lunes- para evitar actos de vandalismo.

Ayer miércoles la presidenta Boluarte reiteró su llamado al diálogo y a la calma en Perú, mientras recibe un informe sobre el estado de las protestas a nivel nacional, durante su participación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

Boluarte acudió a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para encabezar ese Consejo, integrado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los ministerios de Defensa y del Interior.

La mandataria indicó que las protestas “ya están saliendo del marco legal, tomando comisarías, carreteras, aeropuertos, (y) eso no está dentro de una protesta legal”.

“En otras oportunidades, en las protestas, siempre la Policía ha acompañado (a los manifestantes), pero ahora está siendo agredida, más de 200 policías agredidos”, indicó Boluarte.

E hizo nuevamente un llamado a la calma, pues aseguró que el Ejecutivo quiere generar un diálogo con la población porque conoce que “las necesidades de nuestra querida patria” actualmente “están sin atenderse”.