SALUD

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"Pasamos un tercio de nuestras vidas en el trabajo y, por tanto, vaya si estamos expuestos a una innumerable cantidad de riesgos o potenciales peligros desde el punto de vista laboral”, señaló el doctor Andrés Álvarez, especialista en Medicina Preventiva y Laboral.

Este es un importante punto a tener en cuenta dado que desde este domingo rige en Uruguay el decreto por el cual todas las empresas que tienen entre 50 y 150 empleados están obligadas a implementar los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo. Esto es algo que ya estaba en vigor para empresas de más de 150 funcionarios.

Estos servicios buscan “establecer y conservar un medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el trabajo” y “la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental” (decreto 127/14 que se desprende de la Ley 15.965).

“Lo que hace este decreto es identificar y evaluar los riesgos que pueden afectar a la salud en el lugar de trabajo y asesora sobre la planificación y organización del trabajo según las necesidades de cada empresa. Se busca evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, explicó Álvarez en diálogo con El País.

Para llevar adelante este decreto se debe recurrir a un equipo multidisciplinario, que puede formar parte de la empresa o ser contratado externamente.

“El equipo está conformado básicamente por médicos especialistas en salud ocupacional y técnicos prevencionistas preparados para cuidar nuestra salud, nuestro bienestar laboral y también darle a los empleadores una mayor productividad desde el punto de vista del rubro del que se ocupa la empresa”, detalló.

Según el especialista es importante que los mismos actores que trabajan en las empresas junto con la alta dirección de las mismas integren la gestión de salud y seguridad en el trabajo.

El médico ocupacional es una especialidad médica, tal como lo es la cardiología o la dermatología, por nombrar dos ejemplos.

“Es una especialidad de formación académica de la Universidad de la República en la cual el médico adquiere los conocimientos, las herramientas y las prácticas para poder reconocer en los trabajadores aquellos elementos que pueden llegar a afectar su salud en el ámbito laboral”, indicó el experto.

El médico trabaja en un consultorio, es decir que debe disponer de un espacio dentro de la empresa para poder realizar la historia clínica laboral y el examen físico, así como tomar las medidas antropométricas necesarias para poder tener un conocimiento cabal del trabajador.

Lo acompaña el técnico prevencionista, cuya labor consiste básicamente en elaborar un mapa de riesgos de cada puesto de trabajo y diseñar estrategias para proteger la salud y la seguridad del trabajador. Eso va desde evaluar los riesgos ergonómicos, eléctricos, lumínicos o auditivos del lugar, hasta diseñar los planes de evacuación y de emergencia de una empresa.

“Todo trabajador tiene que ser valorado por un médico de salud ocupacional al menos una vez para poder construir su historia clínica laboral para que los profesionales en salud y seguridad puedan construir el plan de vigilancia”, explicó Álvarez.

¿Qué es el plan de vigilancia? “Es como una fotografía de la empresa en cuanto a las características poblacionales dentro de la organización. Por ejemplo, un 30% son obesos, un 20% fuma, un 10% están afectados por patologías músculo esqueléticas”, apuntó el especialista.

Conociendo esos datos es que el equipo multidisciplinario, con participación del personal y la dirigencia de la empresa, elaborará “un plan, un traje a medida, como si fuera un sastre”, según Álvarez, de acuerdo a los riesgos propios de cada organización.

“Una empresa química no tiene los mismos riesgos que una embotelladora o un trabajo administrativo”, acotó el médico.

Además, si un trabajador se ve afectado por alguna situación sanitaria puntual será el médico en salud ocupacional el encargado de valorar cómo realizar su readecuación. “Por ejemplo, si alguien se traumatiza una mano y trabaja en una embotelladora, probablemente no pueda manipular una botella y deba ser derivado a una tarea administrativa que implique menos riesgos”, señaló Álvarez.

A partir de noviembre el decreto que entró a regir este mes se va a extender a organizaciones con entre cinco y 50 empleados. ¿Qué va a suceder entonces con aquellos lugares chicos como peluquerías o panaderías que tienen menos funcionarios?

“Esto tiene un costo, por eso lo importante de contar con alianzas estratégicas dentro de las organizaciones como, por ejemplo, el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, CAMBADU u organizaciones que reúnen a pequeños comercios, para poder realizar acciones conjuntas y aplicar la norma de forma que impacte menos en la economía del pequeño productor o empresario. Eso será un nuevo desafío”, concluyó el especialista sobre lo que habrá que pensar a partir de noviembre próximo.